La fiesta TIME WARP, con cinco muertes y al menos igual cantidad de afectados, disparó numerosas preguntas y múltiples aristas para el debate social. Responsabilidad estatal y empresarial, consumo de drogas con escasa información y el estigma sobre la electrónica y la juventud.
“Entré alrededor de las 2:00. A los 15 minutos estaba hecho sopa, incluso antes de meterme en el tumulto. Era un temazcal”. Ni bien se le pregunta por la noche de la Time Warp del viernes 15 al sábado 16 de abril, Juan (31) elige esa metáfora. Temazcal es un baño de vapor muy común en la cultura azteca; también, una “casa donde se suda”. Juan también recuerda que comprar agua le llevó media hora, la misma cantidad de tiempo que para llegar al vip.
“Había demasiada gente, muy hacinada, toda junta. Eso hizo, en un lugar cerrado, que el ambiente fuera un horno. Yo nunca llegué a estar cerca de los DJ, me parecía un suicidio ir para ese lado. Imagino que la gente que estaba en el centro no fue a comprar agua, porque para volver iba a tardar mínimo una hora”. “El Morrón” (31) estuvo toda la noche en el sector general. Allí, fue tanto a los baños grandes como a los químicos, en los que solo había inodoros, no agua corriente.
A Manuel (35), un amigo le dio un precinto para el sector vip correspondiente al viernes 15 y una entrada del sábado 16. Ingresaron a uno de los pabellones de la fiesta por un costado, que resultó ser la salida general de la fiesta. Nadie le cortó la entrada, por lo que si quería regresar el sábado, podía volver a usarla. “Con ese calor y sin agua, una pastilla [de éxtasis] te incinera. Adentro, un amigo consiguió droga fácil”.
En función de la capacidad máxima permitida para el predio elegido –alrededor de 13.000 personas– debió haber más de 130 baños químicos con lavatorios e inodoros.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) –dependiente del Gobierno porteño– debe verificar que las condiciones para un evento como Time Warp sean las correctas, por lo tanto, es la que habilita o no su realización. Según la resolución 461/10 de esa misma dependencia pública, hay determinados requisitos: certificado de bomberos, de Prefectura y cantidad de baños disponibles, que deben constar en documentación al menos cuatro días antes de la actividad que se pretende realizar; sin embargo, en el caso de Time Warp, la documentación estuvo completa recién el 14 de abril, un día antes de la primera jornada electrónica en Costa Salguero, según explicó el integrante de la Auditoría General de la Ciudad Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica.
Además, el auditor indica que, de acuerdo a la misma resolución, en función de la capacidad máxima permitida para el predio elegido –alrededor de 13.000 personas– debió haber más de 130 baños químicos con lavatorios e inodoros. Cuando el director de la AGC, Matías Álvarez Dorrego, tuvo que dar explicaciones en la Legislatura, dijo que la empresa Sadap S.A. proveyó 80. Sin embargo, ante la consulta, el coordinador de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la Agencia, Eduardo Hulton, expresó: “El número de baños no lo tengo exacto, pero entre los del lugar y los químicos había aproximadamente 100 de hombres y 100 de mujeres”. Antes de que su director hablara en la Legislatura, la AGC emitió un comunicado que salió a los medios poco después de terminado el evento. Allí dice que “la productora encargada de la organización respondió a un reporte solicitado a las 3 a.m. donde informaron que hasta ese momento había 10.900 tickets de ingreso sobre un total de 13.000 que tenían autorizados”. Este medio se contactó con el organismo, pero Hulton dijo que no estaban dando notas periodísticas, aunque ofreció la posibilidad de un envío de preguntas vía e-mail.
Luego, la Justicia determinó, con los molinetes de ingreso y las comunicaciones encontradas en el teléfono celular de Adrián Conci, que hubo más de 20.000 personas. Conci es, junto a Diego Herrera, uno de los titulares de Dell Producciones, la empresa que organizó Time Warp y que maneja la concesión de Pachá, entre otros espectáculos de música electrónica. “Consultar a la organizadora cuánta gente hay y quedarse solo con esa respuesta es preguntarle al lobo qué está pasando en el gallinero”, opinó el exlegislador Facundo Di Filippo, del Partido Social.
“Consultar a la organizadora cuánta gente hay y quedarse solo con esa respuesta es preguntarle al lobo qué está pasando en el gallinero”.
Después, en el intercambio de correos, Hulton agregó que “los inspectores pudieron constatar ocularmente que al momento de la entrega de dicho documento [a las 3 a.m.] la cantidad de personas superaba a lo sumo en mil a la cantidad declarada”. Y señaló: “Los molinetes se retiran al promediar la fiesta por un tema de seguridad, para permitir una evacuación en caso de ser necesario. Además, como los organizadores entran y salen constantemente, el número que arrojarían no sería real”.
Otro de los actores que puso la lupa en Time Warp es el legislador porteño Gustavo Vera, del bloque Bien Común y referente de la fundación La Alameda. Por un lado, a través de la fundación y junto a María Luján Rey –madre de una víctima de la tragedia ferroviaria de Once– y José Iglesias –padre de una víctima de Cromagnon–, se presentó como amicus curiae –del latín, figura jurídica que se suele traducir como “amigo del tribunal”– ante el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva la causa por lo ocurrido en Time Warp. Por otro, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para la creación de una comisión investigadora que corra el velo y destape todas las responsabilidades en el tema.
A la hora de hablar de los organizadores, Vera no duda en señalar a Víctor Stinfale, “quien no figura como titular por estar inhibido no solo como abogado sino también como comerciante, por eso en sus empresas aparecen su exmujer, familiares y allegados”. A lo largo del diálogo con Billboard Argentina, el dirigente de La Alameda subraya lo que en el campo judicial viene planteando el fiscal Federico Delgado: que Stinfale sabía todo lo que pasaba en la fiesta, “minuto a minuto”, por intermedio de su secretaria Érica Troilo, “quien sí estaba en Costa Salguero”. Los dichos del diputado expresan la línea que desarrolló Delgado en función de tener acceso al celular de Conci, en cuya aplicación de WhatsApp aparecía el grupo de chat “Time Warp”.
“[Víctor Stinfale] no tiene nada que ver con este hecho. Él no participó de este evento, estaba lejísimos”, dijo su abogado Mariano Cúneo Libarona en diálogo con Radio Uno. “Y aun suponiendo que él hubiese participado –jurídicamente hablando desde la organización de un evento, de calor y hacinamiento a homicidio hay un trecho enorme. Es imposible imputarle a un organizador de un evento ser responsable de los homicidios de unos chicos que compran veneno o que ingieren cualquier cantidad de sustancias peligrosas para la salud”.
Según el Código de Planeamiento de la ciudad de Buenos Aires debe ser parque público y no un complejo de comercios varios.
A su vez, dentro de los pabellones hubo 35 prefectos, que no impidieron la venta de drogas en el lugar. Así lo probó Casanello, quien además pudo saber que desde 2010, Dell contrata a efectivos de Prefectura Naval como seguridad adicional. Otro que también estaba presente, de acuerdo a las declaraciones judiciales de inspectores de la AGC, es uno de los principales responsables de parte del Estado: el gerente de Eventos Masivos de la citada agencia, Claudio Iacobaccio, a quien Vera denunció por pasar de un patrimonio de 128.000 pesos en 2011 a uno de aproximadamente ocho millones en 2015.
Resulta contrafáctica la pregunta, pero casi inevitable: ¿podría la Time Warp ni siquiera haberse realizado? Como se dijo, la AGC podría haberla suspendido porque Dell no presentó a tiempo toda la documentación, e incluso por haber comenzado a vender entradas anticipadas el 10 de marzo, antes de que fuera aprobado el proyecto de permiso. A esto se suma la ilegalidad del predio Costa Salguero, que según el Código de Planeamiento de la ciudad de Buenos Aires debe ser parque público y no un complejo de comercios varios. De hecho, hace siete años, en 2009, el juez de primera instancia del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Andrés Gallardo falló a favor de un amparo presentado por el entonces legislador Di Filippo para la liberación del espacio y la construcción de un camino costero junto al río y un parque público. El Gobierno porteño primero incumplió la orden judicial y luego la apeló ante la instancia de Cámara, donde tuvo fallo en contra; volvió a apelar, ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, que primero falló en igual sentido que las instancias anteriores y que luego rechazó la iniciativa del Gobierno de querer llevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto último ocurrió el pasado 20 de abril, cuatro días después de la Time Warp. Di Filippo dice que “sin dudas, los hechos ocurridos en el marco de la fiesta electrónica influyeron para que el Tribunal sacara el expediente del cajón y fallara de esta forma”.
La firma que maneja todo el predio se llama Telemetrix, que paga al Estado local alrededor de 331.000 pesos por mes como canon, y gana al menos 30 millones al año, de acuerdo a un informe del Poder Ejecutivo presentado por pedido del Legislativo.
